El suspendido gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue presentado por un fiscal delegado de la Corte Suprema ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de varios contratos destinados a atender a la población afectada por la emergencia económica y social decretada con ocasión del Covid-19.

En marzo de 2020, en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el departamento, el entonces mandatario delegó a la secretaria departamental para que suscribiera 23 contratos para la adquisición de 73.500 kits de mercados, los cuales ascendieron a más de 9.000 millones de pesos.

La investigación constató que la contratación se realizó de manera directa, y con el aparente desconocimiento de varias disposiciones legales vigentes y advertencias hechas por los organizamos de control para garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y economía en los procesos contractuales.

En ese sentido, se detectaron posibles anomalías en los estudios de mercado, pues carecían de referentes claros y rigor técnico. Asimismo, se habría fijado caprichosamente el valor de 126.600 pesos por kit de mercado, sin tener en cuenta que los contratos tenían condiciones distintas, como número o tipo de productos, y necesidades de transporte.

Adicionalmente, quedó en evidencia que las grandes superficies, al parecer, fueron excluidas de la contratación sin justificación alguna y se permitió la selección de empresas o sociedades con falta de idoneidad. 

El abundante material de prueba también da cuenta de cotizaciones fraudulentas, indebida determinación de los precios unitarios de los kits de mercado, en algunos casos con costos irrisorios o artificiales; y posibles sobrecostos en, por lo menos, siete contratos. Todo lo anterior con el único propósito de ajustar los valores individuales a 126.600 pesos.

Para la Fiscalía está claro que Monsalvo Gnecco, presuntamente se apartó de sus funciones de ordenador del gasto y no vigiló la correcta administración de los recursos públicos, situación que uso en riesgo el patrimonio del Departamento.

De esta manera, fue imputado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Esta es la tercera imputación que la Fiscalía hace en contra del suspendido gobernador por posibles hechos de corrupción.